“La
educación superior tiene potencial de crecimiento cuando el capital humano que
se forma se hace de manera eficiente y con calidad” – Juan Bosco Bernal.
Panamá es un país pequeño,
mas sin embargo muestra cifras favorables en cuanto a su situación económica y
productiva. A pesar de ello, padece de desigualdades sociales muy evidentes;
aproximadamente el 37% de su población vive en condiciones de pobreza, y el
18,8% en pobreza extrema. Es natural asumir que este sector de la población
tiene bajos niveles educativos y menos acceso a los servicios de educación del
país, y que allí existe un índice del 20% de analfabetismo. El país por su lado
ofrece una extensa red educativa que ha podido cubrir toda su geografía, y
atender a un elevado porcentaje de la demanda educativa de los diversos
sectores de su población. Respecto a este panorama general, el Dr. Juan Bosco
Bernal establece que:
La
distribución del ingreso tiene una enorme influencia en la democratización de
las oportunidades educativas, especialmente en el acceso a la educación
superior, pues los hijos e hijas de las familias ubicadas en la escala de más
bajos ingresos, ven limitadas sus posibilidades de seguir y completar sus
estudios en ese nivel, pese a la amplia oferta geográfica e institucional
existente en el país.
Particularmente difiero de esta sentencia,
dado que en las universidades públicas el factor económico no tiene ningún tipo
de cabida, y existen programas de becas y otras ayudas que sirven para asistir
a aquéllos que lo necesiten. Voy más allá alegando que el deseo o no de
estudiar, y/o de superarse personal y profesionalmente viene intrínseco en el
ser humano, independientemente de su situación económica, lo cual lo convierte
en un problema netamente cultural. Muchas veces se da la situación de
estudiantes de bajos recursos que rinden poco o nada en las universidades, pero
pienso que ello se debe más a la mala base que pudieron haber recibido de las
escuelas públicas, que a su situación económica.
Haciendo un análisis
comparativo al caso de Venezuela, allí sucede que tienen profesores en las
escuelas públicas que no tienen ningún tipo de preparación, y además les pagan
muy mal; en ese sentido es natural, mas no justificable, que la formación en
esas escuelas sea tan deficiente, sobre todo en los sectores más rurales.
Aunado a ello, en muchos casos, existe un ambiente viciado, por lo general en
casa, donde el niño se encuentra inmerso, el cual afecta directamente su
desempeño en sus labores académicas. Bien es cierto que “la educación empieza
en casa”, es de vital importancia mantener al niño alejado de situaciones de
violencia, drogas y problemas familiares que, por un lado le son completamente
ajenos, pero merman su capacidad de aprendizaje y asimilación de conocimientos;
así, que la gran mayoría de estas situaciones se den en sectores de muy bajos
recursos no me parece tanto una casualidad, sino más bien una consecuencia de
una alta carencia cultural y moral de este sector de la población.
Por su parte, la educación
superior en el país se encuentra enmarcada en una serie de normas citadas en la
Constitución. Entre las más importantes se encuentran la de 1981, que permite a
la universidad consolidar su autonomía, la ley orgánica del sistema educativo en
1995 que actualiza las bases legales para la creación y funcionamiento de las
instituciones de educación superior, con el objetivo de asegurar la formación
especializada, la investigación, difusión y profundización de la cultura
nacional y universal, para que sus egresados puedan responder a las necesidades
del desarrollo nacional. El decreto ejecutivo No 50 de 1999 establece los fines
de los centros de educación superior, los requisitos para autorizar la creación
de dichos centros, los requisitos del personal docente, la supervisión de estos
centros, la estructura académica, y el sistema de evaluación. El Dr. Bernal
insiste en que a pesar de ello, existe una carencia de un marco normativo que
defina con mayor precisión los objetivos, funciones y condiciones de los
centros de educación superior, y su relación con sus proyecciones a la sociedad
panameña.
Posteriormente, en 2006 se
promulga una ley que crea el sistema nacional de evaluación y acreditación para
el mejoramiento de la calidad de la educación superior universitaria. En ella
se propone la acreditación como una certificación emitida por el Consejo
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA),
haciendo previo análisis en los procesos de autoevaluación de programas,
autoevaluación institucional, y evaluación por pares externos, para comprobar
la calidad de estos programas y de la institución en general. El sistema de
acreditación se compone de diferentes cuerpos: el propio Ministerio de
Educación, el Consejo Nacional de Evaluación Universitaria de Panamá, el
Consejo de Rectores de Panamá, el Consejo Nacional de Educación, entre otros.
Sus principales objetivos radican en el desarrollo de una forma de evaluación
que asegure la calidad de la educación superior, sus instituciones y sus
programas, así como un mejoramiento continuo de su desempeño, y una
articulación entre las diferentes modalidades del sistema de educación
superior; la creación de esta ley, en cierto sentido, atiende a la demanda que
el Dr. Bernal sugiere que le hace falta a la educación superior en Panamá.
Existen ciertos desafíos
presentes en la educación superior de Panamá, los cuales, algunos de ellos
forman parte de una situación más global que incluye otros países de
Latinoamérica, y muchos de ellos ya fueron citados anteriormente. Entre ellos
se encuentra la adecuación del currículo a las necesidades del mercado actual y
futuro, lo cual podría llevarse a cabo con alianzas especiales entre las
universidades y distintos gremios empresariales y profesionales, con miras a
lograr una constante actualización de las necesidades del mercado; hacíamos
referencia anteriormente también a que el currículo debe concebirse como una
serie de estrategias de aprendizaje, más que en una lista de programas. Otro desafío
consiste en el perfil del docente, el mismo debe estar constantemente
actualizado, según sus conocimientos y sus metodologías para impartir las clases;
anteriormente también se habló del perfil interdisciplinario que debe tener el
docente. Pero uno de los retos más importantes que asume la educación superior
en este momento tiene que ver con el tema de la investigación. Carlos
Tünnermann dice al respecto lo siguiente:
La
investigación, la docencia y la extensión constituyen el trípode que sustenta
una institución de educación moderna y dinámica, pues en ella asume pleno
sentido la generación, transferencia, difusión y aplicación del conocimiento,
como medio de impulsar el progreso de ciencia, el cambio tecnológico y el
desarrollo de la innovación.
Particularmente, coincido
con él, ya que según los cánones actuales de la educación, se debe fomentar la generación
de conocimiento, así como la interdisciplinariedad de los docentes y programas
que conforman la institución, y a través de la investigación, se puede lograr.
La falta de consciencia investigativa en Panamá y otros países de Latinoamérica
responde a muchos problemas, entre los cuales se hallan la falta de presupuesto,
los bloqueos estatales, la falta de personal capacitado para ello, y en parte
la actitud de muchos estudiantes.
Tanto el estado como la
sociedad tienen el deber de crear y evaluar mecanismos que aseguran la calidad
del desempeño de las universidades, sin embargo es muy notoria la debilidad de
los sistemas de información que permiten hacer un seguimiento del papel de las
instituciones de educación superior en la sociedad, en temas de evaluación de
carreras, conocimiento de avances, y otras decisiones acerca del desarrollo de
las universidades; la necesidad de contar con un sistema de información
gerencial es una de las grandes debilidades institucionales de Panamá, así como
de otros países de Latinoamérica. Donald Winkler señala que:
En
la mayoría de las universidades hay carencias de destrezas en áreas
especializadas de la administración universitaria; la administración
universitaria no es vista como una carrera. Más aún, la naturaleza política de
algunos cargos administrativos lleva a que sean ocupados por individuos de gran
destreza política, antes que por quienes tienen experiencia y destreza para la
administración universitaria.
De igual forma existe
una contracción de los márgenes de decisiones de las dependencias subordinadas
a lo interno de las universidades, provocando una progresiva burocratización y
centralización del sistema, generando retrasos, costos adicionales en las
operaciones, clientelismo político, y poco compromiso institucional; se pretende
que con la ley de acreditación universitaria, muchos de estos problemas se
erradiquen definitivamente.